El papel que firmaron el 29 de febrero de 2020 el responsable político de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, y el enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, reunidos en Doha (Qatar), ya fijaba como compromiso para la milicia integrista lo siguiente: “[Los talibanes] no permitirán que ninguno de sus miembros, otras personas o grupos, incluida Al Qaeda, utilicen el suelo de Afganistán para amenazar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados”. El acuerdo iba más allá en su desarrollo y exigía incluso prevenir su presencia en territorio afgano, el reclutamiento de combatientes, su entrenamiento y financiación. Si bien de aquel pacto se ha cumplido alguna parte —las tropas estadounidenses se repliegan y los talibanes no han vuelto a atacarlas—, el punto que exigía frenar a grupos armados dentro del país está sin duda por ver. Según un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del pasado 15 de julio, la red terrorista Al Qaeda está aún presente en al menos 15 de las 34 provincias de Afganistán, sobre todo, en el este, sur y sudeste